La justicia reconoció que un joven internado en una comunidad terapéutica estaba ilegalmente privado de su libertad. Fue en un juicio en el que fue acusado por lesiones graves por golpear a un operador para huir del lugar. Su historia evidencia la trama de violencia que se teje alrededor de las personas internadas con padecimiento mental, en espacios que el Estado ha dejado vacante y sin control. Al día de hoy, esa comunidad sigue funcionando sin habilitación. Por Agencia Andar.
Carlos se quiebra frente al juez. En octubre del 2020 internó compulsivamente a su hijo Franco en el centro de adicción a las drogas Proyecto Universo, en Villa Elisa, Provincia de Buenos Aires. Pensó que era el mejor o el único recurso con el que contaba, otra vez, ante la situación de consumo que arrastraba el joven desde adolescente. Su hijo terminó preso.
Franco fue condenado por el delito de lesiones graves: golpeó en la cabeza a un operador de la comunidad donde estaba alojado contra de su voluntad. La institución no contaba con ningún tipo de habilitación. En la sentencia dictada por el Tribunal Oral en lo Criminal N° 3 de La Plata, el juez Paolini reconoció que su internación no era legítima y definió su excarcelación dando su pena por cumplida con la prisión preventiva sufrida.
La Comisión Provincial por la Memoria (CPM), en su calidad de Mecanismo Local de Prevención de la Tortura, viene acompañando a la familia desde el momento en que tomó conocimiento del caso, solicitó la aplicación de la ley nacional de salud mental y requirió medidas de prueba en el marco de la investigación, entre otras acciones.
«Cuando era menor de edad lo lleve con mentiritas», recordó Carlos en el debate oral en el que su hijo terminó como acusado. «Franco no quería estar encerrado, pero ningún chico quiere eso, todos son iguales. Franco no podía tomar determinaciones en el estado en el cual se encontraba, deteriorado, no estaba en sus cabales, vivía en la calle, no trabajaba, consumía, yo no quería eso para mi hijo», detalló. La ley de salud mental restringe las internaciones y prevé un armado de una red de dispositivos de base comunitaria para la atención de las personas con padecimientos como adicciones. En caso de ser necesaria esa internación por riesgo para sí o terceros debería hacerse en camas de servicio de salud mental de un hospital general. El Estado también debería desarrollar dispositivos públicos para la internación y la contención o tratamiento, seguimiento ambulatorio con carácter interdisciplinario. Pero a falta de estos dispositivos las familias caen en instituciones privadas, y al día de hoy el Estado no cuenta con un registro de la cantidad total de personas internadas por razones de salud mental y consumos problemáticos.
De las internaciones previas de Franco su papá conservaba el contacto de un operador, Gustavo Princich. Supo que había abierto su propio proyecto, la comunidad terapéutica Proyecto Universo, y recurrió a él. Esta vez el ingreso a la institución fue distinto. Princich buscó a Franco en su domicilio en Capital Federal junto a dos empleados del lugar. Llegaron cuando estaba durmiendo, le dieron una inyección y lo trasladaron al centro de adicciones.
Los vasos comunicantes entre las comunidades terapéuticas son los mismos adictos y ex adictos que, una vez recuperados, se convierten en operadores y luego ponen su propia clínica: un circuito explotado por personas teóricamente recuperadas que se referencian entre sí. No existe un listado oficial que consigne a las comunidades terapéuticas habilitadas en la Provincia de Buenos Aires ni una regulación clara para este tipo de instituciones. Hay casos incluso de personas internadas por orden judicial en lugares sin habilitación. Éste es el caso de la comunidad dirigida por Princich que, al día de hoy, sigue activa.
La falta de cumplimiento de los protocolos y normas previstas para la habilitación se sostiene por la falta de controles adecuados y efectivos de parte de las autoridades provinciales y municipales. Un ejemplo de las consecuencias de esta falta de control estatal es el incendio que provocó la muerte de 4 personas en el centro terapéutico Resilencia San Fernando de Pilar, en febrero pasado.
A partir de su experiencia en este tipo de sistemas, Carlos naturalizó muchas situaciones que se repiten en estas comunidades, como no poder ver a su hijo los primeros días de internación. Durante esos días que Franco permaneció internado en Proyecto Universo no tuvo ningún tipo de tratamiento psicológico ni psiquiátrico, aunque sí le dieron medicación, aun sin prescripción médica. «En todas las comunidades los dos o tres primeros días lo dejan dopado y le dan de comer», relató Carlos en el juicio. «Tomaba cuatro dosis de medicamentos al día, me la pasaba todo el día durmiendo, me levantaba y me daban la medicación en la cama y si no la quería tomar me daban una inyección. Pasó otro día más que le dije que no quería estar ahí, me enojé, me dieron más medicación», confirmó el joven sobre las condiciones de su internación. Al tercer día buscó la forma de huir. Chequeó las ventanas pero estaban cerradas, las del piso superior eran muy altas para saltar. La oportunidad la encontró en una distracción de quien lo vigilaba, golpeó al operador con una mancuerna que estaba a mano, le sacó las llaves y un celular y se escapó dejando al hombre gravemente herido.
Ese fue el resultado de su internación en Proyecto Universo. Por esos hechos quedó detenido. Otra vez fue Gustavo Princich el que salió a buscarlo en las inmediaciones de la institución, lo redujo y lo entregó a la policía. Ahora hay una investigación penal abierta contra las personas que de hecho secuestraron a Franco; fue iniciada por orden del Tribunal de Casación Penal.
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